Justicia condicionada: poder público carente de independencia

La provisionalidad de los jueces en su cargo es una de las mayores preocupaciones que atenta contra el principio de independencia de poderes públicos. Realidad que ha sido denunciada por organismos internacionales

Las organizaciones internacionales a las que está adscrita Venezuela se han pronunciado con preocupación con respecto a la situación de respeto de las leyes en el país. Recientemente el país latino se retiró de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Decisión que puso en juicio el correcto funcionamiento de los entes gubernamentales.

Los Derechos Humanos en Venezuela han sido un puente para que otras instituciones estudien otros sectores de los poderes que ejerce la democracia en el país. Así pues, la justicia, y por tanto, el poder judicial ha estado bajo la mirada de delegaciones como la Institución de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI).

En un informe publicado en 2011, a raíz de una visita para observar el seguimiento jurídico del caso Afiuni, IBAHRI instó al gobierno venezolano a que adoptara “las medidas necesarias para garantizar la separación de poderes, y a través de ello, la independencia e imparcialidad del Poder Judicial”.

Una de las principales realidades del Poder Judicial que cuestiona su correcto funcionamiento es el porcentaje de jueces provisionales que ejercen cargos en el Palacio de Justicia. Para el organismo internacional, la cantidad de funcionares provisionales “suponen una intervención directa y seria en la administración de justicia, que socava los principios de la separación de Poderes en un Estado de Derecho”.

Problemas en la Justicia

Roy Daza, miembro de la comisión de política  y justicia e integración del Parlamento Latinoamericano  e integrante de la comisión de política de justicia de la Asamblea Parlamentaria de Europa y América Latina, opina que Poder Judicial en Venezuela  “requiere de una mayor profundización y una reforma importante que se deben actualizar en el marco de la Asamblea Nacional. Creo que la justicia en Venezuela  requiere de una profunda democratización”.

Delsa Solórzano diputada Parlamento Latinoamericano y vicepresidenta ejecutiva nacional de Un Nuevo Tiempo, expresa que el poder encargado de impartir justicia en el país “está completamente politizado”. Solórzano indica que a través de un estudio que ha realizado las comisiones que ella representa han podido observar que los jueces venezolanos  “no gozan de estabilidad, sino que se tratan de jueces temporales, que pueden ser destituidos en cualquier momento por decisiones de carácter político”.

La diputada indica que los jueces deben ingresar al sistema de administración de justicia a través de un sistema de concursos que les den garantías de estabilidad en el cargo para que no estén sometidos a posibilidades de destitución inmediata, por  razones de carácter político. Sin embargo la abogada denuncia que desde hace más de cinco años no se ha hecho ningún tipo de concurso.

Para Daza esto no es un problema que afecte a la imparcialidad de la justicia. “Pueden haber  jueces provisorios que actúen con respecto a la ley y que actúen de manera idónea”. Para él lo importante es el seguimiento de ley y la conducta ética de cada uno de los jueces.

A pesar de que la diputada Solórzano cree que los jueces en Venezuela no son independientes. Daza afirma que sí lo son. “En el caso de la justicia venezolana se ha demostrado plenamente la capacidad de independencia de cada uno de los poderes”, expresa el diputado del Parlamento Latinoamericano.

Luis Martínez Hernández,  exmagistrado suplente de la sala penal de la Corte suprema de justicia y exmagistrado de la sala electoral del TSJ, considera que actualmente “el Poder Judicial hoy en día está atravesando por un momento bien crítico y bien desafortunado”. Para él principal problema radica en la formación académica de sus integrantes”.

En este apartado Delsa Solórzano explica que uno de los casos más significativos es el hecho que la Dirección Ejecutiva de la Mgistratura (DEM) sea dirigida por Argenis Chávez,  ingeniero y no abogado. “Ni siquiera el tema de los números los tiene actulaizado. No sabemos con certeza la cantidad de jueces provisorios. Esto es para infundir miedo en la judicatura”, apunta Solórzano.

Percepción en números

El Consorcio de Desarrollo y Justicia publicó en 2009  un estudio en el que entrevistaron a 76 jueces de los estados Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Zulia y Caracas. Allí, solo 7,46% de los jueces afirmaba que la justicia es totalmente autónoma. En el mismo estudio, 43,84% de los juristas percibían que “los tribunales son un apéndice del Ejecutivo (…) frente a 30,14% que rechazaron ese señalamiento”.

Al preguntarles si el Poder Judicial toma sus decisiones con base al derecho solo “12,17% dijeron estar totalmente de acuerdo o de acuerdo con esa afirmación”. Los últimos resultados importantes que midió el estudio fueron que 56,76% admitieron que grupos de jueces controlan la administración de justicia y 37,84% reconocieron que hay colegas suyos que son corruptos.

Para la exmagistrada de la sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),  Blanca Rosa Mármol de León, estos resultados coinciden con su opinión en la que considera al Poder Judicial como “el mayor problema que tiene la democracia en Venezuela”. Así pues, para ella “uno de los elementos básicos de la democracia es la independencia de poderes, si no hay autonomía de poderes, no puede haber democracia porque el contra balance de los poderes es lo que garantiza la democracia”.

La Institución de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados, mientras realizó su visita a Venezuela tuvo conocimiento del estudio que publicó el Consorcio. Alex Wilks, en calidad de representante de IBAHRI, escuchó con preocupación a una juez —entrevistada para realizar el informe— decir que “los jueces tienen miedo”.

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